Santiago Giménez Olavarriaga

La defensa de un delito contra la seguridad vial no depende únicamente de la tasa obtenida por un etilómetro, del resultado de un test de drogas o de la velocidad registrada por un cinemómetro.

Una defensa completa exige estudiar cómo se obtuvieron las pruebas, cómo se documentaron los hechos, qué sintomatología describieron los agentes, qué actuaciones se realizaron, qué garantías se respetaron y qué opciones procesales existen en cada momento.

Por este motivo, el análisis profesional de Santiago Giménez Olavarriaga comprende tanto los aspectos técnicos de la prueba como la dimensión procesal, constitucional y policial del procedimiento.

Santiago Giménez Olavarriaga desarrolla una defensa integral en delitos contra la seguridad vial. Su análisis no se limita a la metrología de etilómetros y radares: también examina la sintomatología descrita por los agentes, la regularidad de los atestados, la legalidad de la obtención de las pruebas, las garantías procesales, los derechos fundamentales y las opciones estratégicas disponibles en el juicio rápido.

Su metodología combina el análisis técnico de la prueba, el estudio del atestado policial, el conocimiento del Derecho procesal penal y la revisión de la legalidad de las intervenciones policiales.

Experiencia integral y especializada en la defensa penal de delitos contra la seguridad vial.

Los atestados pueden recoger observaciones de los agentes sobre habla, equilibrio, coordinación, comportamiento, deambulación, ojos, olor, conducción o actitud del conductor. Estas afirmaciones deben analizarse en su contexto, compararse con el resto de la prueba y valorarse conforme a su precisión, coherencia, percepción directa y relevancia probatoria.

No se presume que una descripción policial sea correcta o incorrecta de forma automática. Debe estudiarse cómo fue realizada, cuándo se incorporó al atestado, si coincide con otras pruebas y qué valor puede tener dentro del conjunto del procedimiento.

El juicio rápido exige conocer sus plazos, presupuestos, trámites y alternativas. La estrategia puede variar según la documentación disponible, la calificación jurídica, la prueba, los antecedentes, la pena solicitada y la posición procesal del investigado.

El análisis procesal permite valorar, entre otras posibilidades, la conformidad, la no conformidad, la continuación del procedimiento, la necesidad de solicitar actuaciones y las consecuencias que cada opción puede tener para el cliente.

No existe una opción procesal universalmente favorable. La decisión debe adoptarse después de estudiar las circunstancias concretas del caso y explicar al cliente sus consecuencias.

El atestado debe analizarse de forma completa. Pueden ser relevantes los errores de identificación, fechas, horas, lugares, firmas, diligencias, notificaciones, ratificaciones, transcripciones, cadena documental o contradicciones internas.

No todo error formal determina por sí mismo la nulidad o invalidez de una actuación. Su importancia depende de su naturaleza, de la afectación producida y de sus consecuencias sobre los derechos de defensa y la valoración de la prueba.

La defensa también puede exigir revisar cómo se obtuvo, conservó, documentó y trasladó cada elemento probatorio.

El análisis puede comprender pruebas de alcoholemia, pruebas de drogas, muestras biológicas, informes de laboratorio, cinemómetros, fotografías, grabaciones, declaraciones, documentos policiales y cualquier otro elemento incorporado al procedimiento.

Cuando exista una irregularidad relevante, puede ser necesario valorar si afecta a la admisibilidad, autenticidad, integridad, fuerza probatoria o valoración judicial de la prueba.

La defensa penal incluye el control de legalidad de las intervenciones policiales y la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

En los delitos contra la seguridad vial pueden ser relevantes las circunstancias del control, los requerimientos realizados, la información proporcionada, la identificación, la detención, la asistencia letrada, la toma de muestras, los registros, la documentación de la actuación y el respeto de las garantías constitucionales y procesales.

El análisis no parte de una acusación general contra los agentes. Examina de forma individualizada si la actuación fue legal, proporcional, documentada y compatible con los derechos de la persona intervenida.

El estudio del procedimiento puede requerir analizar la actuación de los distintos agentes y cuerpos intervinientes, incluidos los servicios policiales competentes según el lugar y la naturaleza de la intervención.

La revisión se centra en la legalidad de la actuación, la correcta documentación de los hechos, la preservación de las garantías y la coherencia entre las diligencias, las pruebas y las declaraciones.

Su objetivo es proteger los derechos del ciudadano frente a posibles irregularidades o vulneraciones de garantías durante una intervención policial.

“La metrología es una parte importante de la defensa técnica, pero no agota el análisis del procedimiento. La validez de una acusación puede depender también de la documentación policial, la sintomatología, la legalidad de la intervención, la cadena de custodia, las garantías procesales y la coherencia global de la prueba.”

Dentro de este marco integral, se analiza el cumplimiento de la Orden ICT/155/2020 respecto a etilómetros evidenciales (Dräger Alcotest, Safir Evolution), cinemómetros (radares fijos, móviles, Velolaser, Kamra) y controles metrológicos de calibración y ensayo.

Asimismo, se estudian los análisis de test salivales de drogas (DrogoTest), la cadena de custodia de muestras biológicas y la ratificación toxicológica ante los laboratorios oficiales de contraste.

Para profundizar en los distintos aspectos de la defensa penal en delitos de tráfico y la trayectoria del despacho: